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  grandes males, grandes remedios. En EEUU y en varios centros de Europa, incluyendo nuestro país las autoridades han invertido en planes disuasorios. Vigilantes jurados que asisten al profesorado y alumnado atacado. En los casos más extremos instalación de detectores de metales. Medidas disciplinarias como cambios de centro, expulsiones temporales y otras.

Bajo el epígrafe "Qué se hace", la revista digital "La mochila cargada" Gabriela Abihaggle informa:

La mayoría de las escuelas públicas de Estados Unidos ya han implementado algún programa de prevención. Según el National Center for Education Statistics (Centro Nacional de Estadísticas de Educación, NCES), el 78 por ciento de las instituciones públicas tiene algún tipo de plan formal para prevenir o reducir la violencia escolar.

Un ejemplo de estos planes es la Coral Gables High School, en Miami.

"Tenemos un cuerpo de seguridad posicionado en lugares estratégicos, policías, revisiones sistemáticas por áreas para detectar armas, cámaras de seguridad y credenciales de identificación", explica Manuel García, subdirector de la escuela.

Otros programas establecidos son la política de tolerancia cero -que obliga a determinados castigos para ofensas específicas como llevar armas de fuego u otro tipo a la escuela, beber alcohol, usar drogas o protagonizar actos de violencia-, la utilización de uniformes escolares y otras medidas de seguridad (acceso controlado, uso diario de detectores de metal, etcétera)."

Desde luego que medidas de este tipo más parecen de "autoprotección" o "autodefensa". No parece el medio más adecuado para erradicar la violencia de nuestras aulas. El el mismo artículo y bajo el epígrafe "La polémica" se duda de la eficacia de los medios aludidos:

"Sin embargo, algunos dudan de la eficacia de estos planes y, en especial, del uso de instrumentos tecnológicos. Después de todo, dicen, también pueden fallar.

"Los detectores de metal funcionan, pero no son la respuesta. No se puede depender de la tecnología. Muy a menudo los detectores de metal son dejados de lado precisamente porque detectan demasiado metal. Además, un estudiante puede comprar un cuchillo de fibra de vidrio que no es registrado por la máquina y matar con él", confirma el profesor Quarles.

Lo mismo opina el 86 por ciento de los jefes de policía de la Nación. Para los oficiales, es mucho más importante desarrollar programas para después de la escuela y cuidados infantiles educacionales que colocar detectores de metales y más policías en las escuelas.

Al menos, así lo determinó una encuesta encargada por la organización Fight Crime: Invest in Kids (Luche contra el crimen: invierta en los niños)) que agrupa a policías, fiscales y víctimas de actos de violencia. ".

Eso sí, en EEUU no descartan las medidas legales en ningún momento. En el siguiente epígrafe del mismo artículo: "Problema integral, soluciones integrales" se explicita: ¿Cuál es la solución para la inseguridad en las escuelas? En principio, los expertos coinciden en que la política de tolerancia cero es un buen comienzo para el corto plazo.

"Creo que si un niño trae un arma a la escuela (de fuego, tijeras, cuchillos), debe ser sacado de la escuela durante al menos un año e ir a la cárcel o a escuelas alternativas. Sin duda, debe haber algún tipo de castigo. Los chicos deben entender que perderán ciertos beneficios si hacen algo malo en la escuela", razona Quarles.

Pero, a largo plazo, las soluciones son diferentes. "La clave es entrenar a nuestros niños para que aprendan a manifestar su desacuerdo, discutir o resolver disputas""

En Madrid y con respecto a los incidentes en algunos IES que motivaron la expulsión de alumnos, se dice en el artículo que recoge la Asociación Redes y proviniente de diarios en Internet:

"Ante la proliferación de estos casos, la Dirección Provincial de Educación ha decidido poner en marcha «soluciones específicas» por zonas. El subdirector, Antonio de Paz, señaló ayer que se van a realizar reuniones con los centros, públicos y privados, de los distritos para analizar cada caso: «Son chicos con dificultades de conducta, y habrá que ver si necesitan tratamiento psicológico, porque su carácter es muy problemático. En otros casos, se buscarán otras soluciones. Además, intentaremos repartirlos entre institutos públicos y privados», añadió.

Para De Paz, «la solución no es el cambio de centro, porque el chico seguirá actuando igual». No lo ve así el director del IES San Blas: «Por lo menos, sabrá que ha hecho algo que merece un castigo. Y, desde luego, la profesora agredida no quiere volver a tener en clase a quien la pegó».

En el Pacto Escolar que los sindicatos quieren firmar con la Consejería de Educación, en 1999, ya se recoge una partida de 10.000 millones de pesetas destinados a un Plan Regional de Compensación de las Desigualdades. «Lo que ahora ocurre no es fruto de la casualidad. También en algunos pueblos de la región hay profesores que dicen tener salvajes en clase. De San Blas se han ido los chabolistas, pero quedan sus hijos. Esto es un problema social grave y hay que hacer algo», asegura el director José Luis Díez. "

Es indudable que los actos violentos no pueden quedar impunesy que deben tener siempre una respuesta adecuada, pero las opiniones generalizadas son las que se basan en el análisis de las causas y el diseño de planes específicos y generales en los centros docentes. Sin embargo hay que tener en cuenta que los docentes se cargan con un peso que puede ser en criterio de algunos excesivo. La escuela forma, la familia educa. En cualquier caso, todos están de acuerdo en que los distintos agentes deben actuar coordinados.

Guillermo Covarrubias describe actuaciones en Chile:

"1.- La familia está primero. La principal respuesta a la violencia escolar esta en los padres. Es evidente que los adultos no estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes a resolver sus conflictos pacíficamente. La violencia que entra en las salas de clases generalmente tiene sus raíces en las casas. Es cosa de ver algunas reveladores aunque escalofriantes cifras:

Uno de cada cuatro hogares sufre de la violencia intrafamiliar.

Casi un 70% de los niños reconocen haber sido objeto de maltrato por parte de sus padres o familiares más cercanos.

Por ello uno de los objetivos sería crear una nueva relación más cercana entre el entorno escolar con esas familias.

Esta nueva relación entre padres y establecimiento es uno de los ejes del nuevo curriculum.

2- Se trabaja en un nuevo curriculum que integra al alumno y se adapta al mundo en que vive. El qué aprenden y el cómo aprenden nuestros niños tiene efecto sobre el conocimiento y los valores, base de la convivencia. Al sentir los alumnos que lo que aprende les es útil en su vida diaria, al poder ellos mismos tomar las riendas de su aprendizaje y no ser sujetos pasivos de largas lecciones que consideran inútiles, mucho de los motivos de resistencia contra la autoridad escolar disminuirán. Una educación pertinente a los desafíos de hoy con profesores formados para estos desafíos le devuelve a la escuela su rol formador. En ese nuevo currículum son los propios alumnos los que adquieren conciencia de la importancia del aprendizaje.

3. - Se promueve la apertura de más espacios de expresión de la cultura juvenil y ocupación del tiempo libre. Los colegios abiertos, en horario extraescolar a numerosas actividades culturales, deportivas, de servicio a la comunidad, se convierten en punto de encuentro entre adultos y jóvenes y en alternativas a las calles y sus tentaciones. La comunidad escolar toma conciencia de su rol y es capaz de dar soluciones a sus problemas.

4.- Se privilegia la mediación escolar como forma de resolver los conflictos. Para ellos deben desarrollarse programas en especial orientados a la comunidad escolar que contribuyan a apoyar a los profesores,padres y alumnos a fortalecer la convivencia interna y la formación en resolución pacífica de los conflictos. "

Las recomendaciones que hace el Defensor del Pueblo en su informe a la Comisión Mixta Congreso-Senado se basan en el papel del profesor:

"Los profesores tienen, generalmente, una mayor percepción del maltrato entre sus alumnos de lo que suele pensarse, y afirman claramente que los conflictos en sus centros han aumentado durante los últimos tres años Sus respuestas ante todas estas agresiones se centran tanto en actuaciones sancionadoras y administrativas, como en acciones encaminadas a la prevención y la resolución de conflictos.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo recomienda "la creación de un Observatorio del maltrato entre iguales, o una institución similar de ámbito estatal, que sirva de lugar de encuentro para experiencias comunes, de intercambio de iniciativas y de difusión de estudios". Y propone la vinculación de las políticas educativas con las sociales para atender causas de violencia ajenas al centro, la formación permanente del profesorado a todos los niveles; la dotación a los centros de especialistas, orientadores y trabajadores sociales; el fomento de la colaboración de las familias en los colegios; y garantizar la vigilancia de sus espacios e instalaciones."

Por su rigor , quiero cerrar el apartado y trabajo reproduciendo una opinión del profesor Moreno Olmedilla a pesar de ser extenso el texto. El epígrafe se titula "La respuesta educativa al comportamiento antisocial en los centros escolares"

"En el debate acerca de la violencia y el comportamiento antisocial en las escuelas subyacen cuestiones y retos de gran alcance y con profundas implicaciones para nuestra sociedad. En definitiva, lo que «nos estamos jugando» aquí es si la escuela puede continuar siendo un instrumento de cohesión social y de integración democrática de los ciudadanos. Después de décadas de fortísima expansión y democratización educativas, mantener y afianzar el carácter «inclusivo» de nuestros centros de enseñanza parece ser un gran desafío. Así, las medidas de atención a la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y valores, se muestran como prioridades irrenunciables para la educación institucionalizada. El carácter no estrictamente académico de dichas prioridades choca, a veces incluso con dureza, con ciertas culturas profesionales dentro de la actividad docente, y aún mucho más con ciertas posiciones ideológicas en política educativa y curricular; y esto es así sobre todo en el ámbito de la educación secundaria, el tramo del sistema educativo donde siempre se concentran los grandes debates de fondo sobre la educación. El riesgo de fragmentación social y cultural, y de deterioro de la escuela pública que tales posiciones sin duda implican, hacen aún más urgente la toma de conciencia de los docentes acerca del auténtico alcance de los temas y problemas que venimos tratando.

Podríamos diferenciar entre dos grandes tipos de respuesta educativa ante el comportamiento antisocial en las escuelas. Tendríamos, por un lado, lo que llamamos respuesta global a los problemas de comportamiento antisocial (que técnicamente podría considerarse como prevención primaria) (Moreno y Torrego, 1996). Se trata de una respuesta global por cuanto toma como punto de partida la necesidad de que la convivencia (relaciones interpersonales, aprendizaje de la convivencia) se convierta y se aborde como una «cuestión de centro». Así, el centro escolar debe analizar las cuestiones relacionadas con la convivencia —y sus conflictos reales o potenciales— en el contexto del currículo escolar y de todas las decisiones directa o indirectamente relacionadas con él. Esta respuesta global asume, por tanto, que la cuestión de la convivencia va más allá de la resolución de problemas concretos o de conflictos esporádicos por parte de las personas directamente implicadas en ellos; al contrario, el aprendizaje de la convivencia, el desarrollo de relaciones interpersonales de colaboración, la práctica de los «hábitos democráticos» fundamentales, se colocan en el centro del currículo escolar y de la estructura organizativa del centro. A su vez, los conflictos de convivencia o, más en general, los retos cotidianos de la vida dentro de la institución, afectarían a todas las personas de la comunidad escolar —y no sólo a los directamente involucrados—, por lo que también se esperaría de todos una implicación activa en su prevención y tratamiento.

Por otro lado, tendríamos una respuesta más «especializada», esto es, consistente en programas específicos destinados a hacer frente a aspectos determinados del problema de comportamiento antisocial o a manifestaciones más concretas del mismo, que técnicamente denominaríamos prevención secundaria y terciaria (Trianes y Muñoz, 1997; Díaz-Aguado, 1992; Díaz-Aguado y Royo, 1995; Gargallo y García, 1996; Pérez, 1996). Se trata de programas más o menos ambiciosos, desarrollados por expertos, y que se vienen aplicando en centros educativos españoles desde hace años".

   
 
 

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